Una turba quema vivos a tres hombres acusados de secuestrar y asesinar a un niño de 11 años en una aldea

Los hombres habrían acabado con la vida del pequeño tras no poder pagar la familia el rescate que le pidieron.

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La Policía ya los tenía capturados después de que varios habitantes los entregaran tras acusarlos del secuestro y asesinato de un niño de 11 años. Los agentes solo debían trasladarlos al juzgado correspondiente, para que resolviera si ordenaba su ingreso en prisión preventiva, tal como establece la ley ordinaria. Sin embargo, en algunas partes de Guatemala impera la misma ley que se aplicó en ‘Fuenteovejuna’ en 1476, tal como sucedió entre la aldea Canich y el centro del municipio de Colotenango, a 300 kilómetros de la capital del país y cercano a la frontera con México. Allí, en la noche de este lunes, una turba de 6.000 personas decidió que los tres capturados no iban a enfrentarse a la justicia, sino a su ‘justicia’, por lo que, tras vapulearlos, les rociaron con gasolina y los quemaron vivos hasta que murieron calcinados.

No conformes con este crimen, varios pobladores acudieron a la vivienda de uno de los supuestos secuestradores y también la prendieron fuego. Todo ello a vistas de los agentes de la Policía Nacional Civil que no pudieron hacer absolutamente nada por salvar la vida de los tres hombres, dos de 24 y uno de 38 años, cuyos cuerpos quedaron irreconocibles.

Según ha informado la Policía, los tres hombres habían secuestrado el 11 de agosto al niño cuando se dirigía a la escuela a estudiar. Los secuestradores enviaron una foto del menor vigilado por uno de sus captores armado con una escopeta para exigir a su familia 100.000 quetzales (13.300 euros) por su rescate. Sin embargo, los padres solo lograron reunir la mitad de esta cantidad económica que llegaron a entregarl, si bien los secuestradores no se conformaron y reclamaron la otra mitad a cambio del niño.

Al no poder pagar todo lo que exigían, los secuestradores asesinaron al niño y lo enterraron en una fosa séptica de aproximadamente tres metros, donde fue encontrado su cuerpo. Según ha indicado el ministro de Gobernación de Guatemala, David Napoleón, la familia nunca acudió a pedir ayuda a las fuerzas de seguridad ni interpuso ninguna denuncia. Tras conocerse que el menor no había sido liberado, según la versión de la Policía, un grupo de pobladores de diferentes caseríos buscaron e identificaron a los delincuentes originarios de Colotenango. Posteriormente, los entregaron a la Policía y cuando ésta se disponía a conducirlos hacia los juzgados, fueron arrebatados por la turba que golpeó y quemó vivos a los tres hombres.

La prensa local detalla que los pobladores tampoco han permitido a los agentes policiales realizar diligencias en el sector, mientras que el cuerpo del niño ha sido entregado a la madre. Por ello, la Policía señala que, debido a la situación violenta que se dio en el lugar, únicamente han podido documentar con fotografías la escena del hecho, por lo que no han podido efectuar ninguna detención de las personas que decidieron matar a los tres supuestos secuestradores. La Fiscalía Distrital de Huehuetenango es la encargada de investigar el caso, aunque como suele suceder habitualmente en este tipo de linchamientos públicos, es probable que no todas las personas responsables resulten detenidas.

FALTA DE CONFIANZA EN LA JUSTICIA

La falta de confianza en la justicia de Guatemala, dado que un alto porcentaje de crímenes queda en la impunidad, provoca este tipo de casos donde la población se toma la justicia por su mano. Según datos del ministro de Gobernación, el índice de criminalidad en el país centroamericano para este 2022 se encuentra entre 16 y 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra inferior a la de 2019, año prepandemia, cuando era más de 40 por cada 100.000. Sin embargo, el Grupo de Apoyo Mutuo reveló en el Informe de Violencia Homicida que la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes alcanza 29 víctimas. Así, reveló que, hasta el mes de julio, ha aumentado un 10,59% la cifra de homicidios en Guatemala en comparación al mismo periodo del año pasado, tras registrarse en los siete primeros meses del año 2.495 reportes de víctimas por homicidio, frente a los 2.256 de 2021. Asimismo, el informe desvela que, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 271 menores de 18 años perdieron la vida entre enero y julio de este año, a consecuencia de disparos de armas de fuego y por arma blanca.

Mientras, la Fiscalía de Guatemala reveló este martes que en lo que va de año, se han contabilizado 45.996 denuncias de hechos delictivos cometidos contra la niñez y las mujeres, entre ellos crímenes de violencia sexual, lo que representa el 27% de las denuncias presentadas en el sistema judicial. De todas ellas, ocho de cada diez (81%) no se han resuelto.

Mientras, a pocas horas de que se produjera el linchamiento, el ministro de Gobernación presentó el Proyecto Policía Comunitaria Fase II con el que se busca que “la policía se acerque a las comunidades para minimizar los hechos criminales y potenciar la seguridad”. Así, el director de la PNC, Héctor Hernández, recalcó que las funciones del proyecto son “reducir la incidencia criminal, ejecutando estrategias preventivas y de investigación criminal, además de fortalecer la relación entre policía y comunidades”.

El objetivo es llegar a 13 municipios del país y beneficiar a 2,5 millones de personas, si bien aún está muy lejos de acabar con los linchamientos públicos de turbas enardecidas que no quieren esperar a una justicia que en muchas ocasiones les da la espalda. Normalmente, este tipo de hechos se dan en aldeas alejadas de la capital, donde la presencia policial es escasa o inexistente e incluso la Fiscalía y el Organismo Judicial se encuentran a decenas de kilómetros, lo que provoca que los propios vecinos decidan tomarse la justicia por su mano sin esperar a las autoridades.

El último linchamiento en Guatemala que tuvo repercusión a nivel mundial fue el de Domingo Choc Che, en la aldea Chimay del municipio de San Luis, a 400 kilómetros de la capital. Una turba acusó de brujería a este médico naturista y guía espiritual indígena, por lo que le rociaron con gasolina y le prendieron fuego hasta que falleció carbonizado en junio de 2020. Por estos hechos, fueron condenados un año después dos mujeres y un hombre a 20 años de prisión inconmutables por el delito de homicidio.

El Grupo de Apoyo Mutuo realizó en su día un informe que reveló que, de enero de 2008 a mayo de 2020, se habían registrado en el país centroamericano 1.757 linchamientos, que dejó un total de 361 personas asesinadas. El más relevante se produjo en 2015 cuando una adolescente de 15 años fue asesinada en plena calle en Río Bravo, en Suchitepéquez, a manos de 1.000 personas que participaron en la agresión mortal. En esa ocasión, la llevaron al centro del pueblo agarrada del cabello y allí le lanzaron piedras, la golpearon y acabaron quemándola viva ante la vista de todos y sin que ningún agente policial acudiera en su ayuda.

Para cometer este crimen, la acusaron de haber participado, junto a otros dos jóvenes, en el asesinato de un piloto de moto taxi, aunque, al igual que sucedió con el crimen de los tres supuestos secuestradores, nadie presentó pruebas contra ella ni siquiera una denuncia ante la policía. Este hecho tuvo repercusión internacional únicamente porque todo el crimen quedó grabado en vídeo y colgado en Internet, donde se podía ver sin ningún tipo de censura el momento en el que la rocían con gasolina y fallece quemada viva. “Echen más gasolina”, gritó una persona.

Fuente Creditos: www.elmundo.es

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